Septiembre 4, 2013
Las comunidades del Valle del Huasco exigieron la revocación del permiso ambiental entregado al Proyecto Pascua Lama por los “daños irrefutables” realizados por la minera en el Río Estrecho.
“El proyecto es inviable y la única forma de resguardar la vida es que se cierre”, señaló este miércoles el abogado de Álvaro Toro ante el Segundo Tribunal Ambiental de Santiago, en la audiencia de reclamación por las insuficientes sanciones que tomó la Superintendencia del Medio Ambiente ante los daños ocasionados por la empresa, de propiedad de Barrick Gold.
El Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, OLCA, tiene en su sitio los detalles de la audiencia, donde agricultores, regantes, comunidades diaguitas, habitantes y empresas agrícolas, representados por Toro, reclamaron su derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación.
“Es por eso que han exigido a este tribunal la revocación del permiso ambiental o en su defecto que se abran nuevos procesos que aclaren preocupantes situaciones, las cuales no han sido aclarados por la Superintendencia y que estas sean sancionadas con la máxima sanción, por ende con la revocación esperada”.
La actuación de la Superintendencia está lejos de ser que lo que las más de 40 personas y comunidades del Valle del Huasco demandan. Pues han sido ellos, organizados, quienes han empujado las sanciones que Barrick ha recibido.
El proyecto fue paralizado en abril por la corte de Apelaciones de Copiapó debido al reclamo de la comunidad y grupos indígenas. En mayo la Superintendencia el Medio Ambiente la multó por 16 millones de dólares por incumplir trabajos de mitigación contemplados en su permiso.
Las últimas declaraciones a la prensa extranjera del superintendente del Medio Ambiente respecto a que Pascua Lama podría reabrirse en uno o dos años generaron críticas, por ser especulaciones que no corresponde realizar a una autoridad. Tampoco se vio bien que en su gira a América del Norte el Presidente Piñera cenara con ejecutivos de Barrick en Canadá. “Es una prueba patente de lo expuesta que esta nuestra institucionalidad a las presiones políticas”, señaló el director del OLCA, Lucio Cuenca.
Por su parte, los aludidos defendieron a la Superintendencia y señalaron que “Barrick ha sufrido un golpe fuerte, fuera de haber pagado las multas históricamente más altas en Chile”. Cerraron su alegato aduciendo que en la decisión que tome el tribunal “está en juego la predictibilidad de las inversiones en Chile” y un posible clima de incertidumbre.
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