Hoy 303 ONG enviaron una carta al Banco Mundial, donde está instalada la controversia, acusando al arbitraje de ser un “asalto al gobierno democrático”. Las comunidades salvadoreñas llevan años luchando contra la minería del oro porque pone en riesgo las aguas de su principal río y contamina el medioambiente. En el país hay consenso: no es posible desarrollar esta industria.
Es el mundo al revés. La compañía minera canadiense-australiana Pacific Rim ha demandado a El Salvador por 315 millones de dólares (179 millones de euros) por concepto de indemnización luego de que este pequeño país centroamericano se negara a otorgar el permiso para la explotación de un yacimiento minero de oro. El monto exigido equivale a casi la mitad del presupuesto nacional.
En carta abierta al presidente del Banco Mundial –instancia hasta donde la minera ha llevado la demanda- 303 organizaciones acusan a la multinacional de “subvertir un debate democrático sobre minería y salud ambiental”.
La controversia lleva años. En 2009 Pacifc Rim inició el proceso luego de que en 2004 El Salvador no autorizara las operaciones en la mina El Dorado, de la norteña provincia de Cabañas. Aunque la minera tiene derechos sobre ella, éstos no cubren el territorio que presentaron en la solicitud de concesión, tampoco tienen los permisos ambientales ni estudios de factibilidad total de la operación. Pero la compañía alega que El Salvador violó su propia ley de inversiones.
La carta -firmada por la internacional Oxfam, además de ONG salvadoreñas, canadienses, australianas y de Latinoamérica y EE.UU.- explica que la minera con sede en Canadá intentó esgrimir el Tratado de Libre Comercio República Dominicana-Centroamérica (Cafta-DR), pero este no tiene jurisdicción en la contienda, por lo cual llevó la controversia al Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), del Banco Mundial.
“En vez de cumplir con el proceso de autorización ambiental de El Salvador –señala en parte la misiva- Pacific Rim aún se permite (acudir) a una ley de inversiones obsoleta que ya ha sido modificada por la Asamblea General de El Salvador”.
La carta se envía en ‘solidaridad con las comunidades salvadoreñas que han trabajado democráticamente para evitar que un proceso de extracción de oro con cianuro envenene el medioambiente como el río más importante y fuente de agua del país”.
NO A LA MINERIA
A comienzos de marzo, la delegada medioambiental de la Procuraduría de Defensa de los Derechos Humanos hacía noticia pidiendo que se prohibiera la minería en su país. Y aunque la medida parece radical, la realidad de las aguas contaminadas y carencia de agua potable para su población es tan extrema, que la petición despierta amplios consensos.
En el Salvador, el 90% de las aguas superficiales están contaminadas y hoy los ríos siguen sufriendo la contaminación a causa de explotaciones mineras realizadas en entre 1960 y 1970. “La minería metálica hace uso de una gran cantidad de agua, que es regresada con niveles de metales pesados bastante altos” que hacen imposible su uso, señalaba Yanina Cortez, insistiendo en la necesidad de “una ley que frene de una vez por todas la minería metálica”, al mismo tiempo que reclamando de la Asamblea Legislativa reconocer en la Constitución el derecho al agua limpia.
Gobiernos pro-empresariales, luego de años de guerra civil, abrieron las puertas a las inversiones extranjeras mineras, especialmente por el aumento internacional de los precios del oro. Sin embargo, desde 2008 hay una moratoria a la actividad, debido a un transversal acuerdo en la sociedad civil, como partidos políticos e incluso la iglesia, que la minería de metales no es posible en el país.
Acceder a desarrollar esta industria en El Salvador sería un “suicidio colectivo”, advertía Cortez hace unos días.
En la comunidad de Cabañas rechazan el proyecto por las consecuencias que tendría en sobre el Río Lempa, del que depende la mitad de los 6.2 millones de la población del país. La lucha es por el agua y la meta final –quizás- es ser el primer país en prohibir la minería del oro. Entre sus habitantes están las cuatro víctimas que ha cobrado la defensa del agua, dos activistas y una mujer embarazada de 8 meses y un niño de años.
ASALTO AL GOBIERNO DEMOCRÁTICO
En la carta enviada hoy al Banco Mundial se acusa a Pacific Rim de estar “usando CIADI para subvertir un debate nacional democrático sobre minería y salud ambiental en El Salvador. Cuando se trata de estas cuestiones, las instituciones democráticas locales deben prevalecer, no las empresas extranjeras que buscan explotar los recursos naturales.”
Tampoco validan que sea una instancia del Banco Mundial “o cualquier otro tribunal extranjero” la que decida y llaman a reevaluar su papel en el asunto. Los firmantes recuerdan a los cuatro asesinados en la zona del proyecto y esperando que ‘se respeten los proceso de gobernabilidad y soberanía nacional’. Al final declaran tajantemente que este arbitraje “es un asalto directo contra el gobierno democrático”.
La minera (adquirida a fines de 2013 por OceanaGold) presenta sus alegatos escritos mañana y El Salvador replicará en julio; el desenlace se espera no antes de 2015.
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