Señalan que es un “acuerdo inconsulto y secreto”, que sólo representa un grupo de dirigentes y no a las más de 70 mil personas afectadas por Pascua Lama. Dicen que “quebrar el tejido social” es la forma en que opera la minera para lograr sus objetivos y repudian la acción del abogado que las representa. El acuerdo de la empresa canadiense surge a días de haber sido demandada por sus propios accionistas en más de 6 mil millones de dólares.
A un “Acuerdo de Intercambio de Información”, según definió Barrick Gold, llegó la minera canadiense responsable del proyecto aurífero Pascua Lama con 15 de 18 comunidades diaguitas del Valle del Huasco, según trascendió ayer. Pero una extensa declaración publicada por otras comunidades cuestiona dicho acercamiento, acusando que “es un grupo muy reducido de dirigentes quienes firmaron un acuerdo inconsulto y secreto”, y están llamando a una nueva marcha para el próximo 7 de Junio.
“Invalidamos –dicen enfáticos- todo acto de negociación de comunidades que no representan a los más de 70.000 habitantes que podemos ser afectados por este proyecto. Creemos que la única compensación por el daño que ha hecho es que se revoque la resolución de calificación ambiental y cierren definitivamente Pascua Lama”.
Señalan que hoy “existen daños irreparables a nuestro tejido social”, debido a la forma en que opera la minera “para lograr sus objetivos” y que la intención es “quebrar a las comunidades diaguitas”. Denuncian también que Conadi (Corporación Nacional de Desarrollo Indígena) “ha bloqueado la inscripción de nuevas comunidades diaguitas, cuando sabe que éstas están integradas por habitantes del territorio que no queremos la mega minería en la cabecera de nuestras cuencas”.
Glaciares de Pascua Lama en peligro.
Les preocupa el acuerdo se dé luego de “declaraciones de la Ministra de Minería instando a la empresa a trabajar con las comunidades… Creemos que todo es parte de la misma estrategia comunicacional y comunitaria de la empresa para viabilizar este nocivo proyecto en nuestro territorio”.
Además, cuestionan al representante de estas comunidades: “Repudiamos el rol de abogados como Lorenzo Soto, que se ha dedicado a lucrar con el sufrimiento y vulnerabilidad de nuestros territorios, ya lo vimos negociar con el caso de la termoeléctrica los Robles y Farellones, intentó realizar transacciones económicas que pusieron en riesgo la acción judicial de la comunidad de Totoral en el caso contra la termoeléctrica Castilla, quiso operar a favor de Agrosuper en Freirina. Soto piensa que las comunidades tenemos derecho a ponerle precio a los bienes comunes, y de paso darle un buen porcentaje por sus oficios”.
ACUERDO
El mencionado acuerdo con la minera tendrá seis meses de duración, período en el cual y a través de su representante, las comunidades estarán al tanto de las medidas de control y mitigación que lleva adelante la compañía. Son éstas las que, eventualmente, permitiría reanudar las labores, paralizadas desde abril de 2013 y que Barrick Gold suspendió indefinidamente en octubre tras un fallo de la Corte de Suprema que ordenaba el cese de faenas, por la destrucción de glaciares y la contaminación de cursos de agua.
El memorando de entendimiento incluye la realización de una auditoría que llevarán adelante expertos elegidos por las comunidades, pero financiados por Barrick Gold. De existir una evaluación positiva por parte de los diaguitas se podría llegar a una etapa de diálogo y compensaciones a través de un acuerdo de impacto y beneficios.
Según declaró ayer el abogado Soto: «Los indígenas del norte de Chile van a tener por primera vez el control de una actividad minera y escanearla, revisarla completamente, para recién después de aquello iniciar un proceso de diálogo que eventualmente podría terminar en un arreglo definitivo para la materialización del proyecto”.
El memorando fue calificado de “inédito” por el profesional. Aclaró también que no es vinculante; es decir, ambas partes se pueden retirar del mismo. Además de Soto como representante, fue elegido como mediador por las partes el abogado y antropólogo Alonso Barrios, quien señaló que el acuerdo no implica renuncia a las acciones judiciales que mantienen las comunidades contra la minera.
DEMANDADA EN CANADÁ
Apenas unos días antes, el 21 de mayo, una demanda por 6 mil millones de dólares fue presentada en tribunales canadienses por tres bufetes contra Barrick, por los nulos resultados que hasta ahora presenta el proyecto binacional, fronterizo entre Chile y Argentina, con una inversión que supera ya los 5 mil millones de dólares y dado el tiempo paralizado hoy se estima en 8.5 millones de dólares.
«Barrick sabía o debería haber sabido que los costos significativos para construir y producir oro y plata de este proyecto lo harían una operación especulativa», señala la demanda, donde derechamente se la acusa de haber engañado a los inversionistas sobre los riesgos del proyecto. Este grupo de demandantes adquirió acciones entre mayo de 2009, cuando fue anunciado el proyecto y noviembre de 2013 a días de su suspensión indefinida.
Existe, además, una cuarta firma que representa a otros inversionistas (quienes compraron acciones entre mayo de 2009 y mayo de 2013, ésta última fecha cuando se suspendieron faenas por disposición medioambiental).
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