Noruega financiará los esfuerzos de Perú para reducir las emisiones de gases efecto invernadero provenientes de la deforestación. Allí, la lucha de comunidades indígenas por defender el bosque ha cobrado varias muertes a manos de taladores ilegales.
En el contexto de la Cumbre del Clima de ONU, que se desarrolla en Nueva York, Perú y Noruega suscribieron un acuerdo marco con fondos por 300 millones de dólares para proteger y recuperar la selva amazónica, según el cumplimiento de metas establecidas por el país latinoamericano, a partir de este año y hasta 2020.
El presidente Ollanta Humala reconoció que revertir la tala y quema de bosques, que en el caso de Perú representan el 40% de su emisión de gases efecto invernadero, “es un gran reto” y que Perú está luchando contra la deforestación.
Tras el acuerdo, el país deberá implementar reformas –políticas forestales, control de la deforestación e identificación de “stock” de carbono, entre otras-, para reducir emisiones que serán confirmadas y “pagadas” por Noruega. “Para asegurarnos de que la deforestación de los grandes bosques no se siga dando en el mundo”, según declaró la primera ministra noruega Erna Solberg, quien subrayó la necesidad de “dar valor a la Amazonía” y a su biodiversidad.
En base a los resultados, Alemania se sumará haciendo contribuciones adicionales en temas de cambio climático.
MUERTES EN LA AMAZONÍA
“Al comprometernos en el camino del desarrollo bajo en carbono estamos rindiendo un homenaje a los esfuerzos y sacrificios de los pueblos indígenas amazónicos, que han sido tradicionalmente los mejores guardianes del bosque”, señaló Humala durante la firma del acuerdo.
No se equivoca el mandatario peruano. Las comunidades indígenas libran una dura batalla contra taladores ilegales. En los hechos más recientes, responsables de la muerte de cuatro líderes de la etnia asháninka a comienzos de mes en los límites de la frontera peruano-brasileña, según la Defensoría del Pueblo.
Uno de ellos, Edwin Chota, era uno de los fundadores de la Asociación de Comunidades Nativas Asháninkas de Masisea y Callería, Aconamac, desde donde ejercía constante activismo contra la deforestación ilegal de la selva y la vulnerabilidad de su gente ante la nula presencia del Estado. El dirigente hizo públicas las amenazas de que fue víctima cuatro meses antes en Lima y ante numerosos ministros, la Policía peruana y otras entidades. De ellos sólo, la Oficina de Supervisión de los Recursos Forestales y Fauna Silvestre, Osinfor, intentó investigar la denuncia.
En 2013 otro jefe nativo fue asesinado, sin conocerse aún de responsables por el hecho. Datos de Osinfor, señalan entre 2009 y 2013 la tala ilegal fue de más de 30 millones de dólares, pero datos de Interpol hablan de pérdidas por más de 250 millones de dólares anuales.
Según expone un reportaje de El País, la tala ilegal se beneficia de un sistema fallido de concesiones y titularidad de tierras a las comunidades. “El problema es que una entidad da los títulos y otra da las concesiones; para una la comunidad existe y para la otra no”, señala la viceministra de Interculturalidad al diario español. Otras fuentes, indican que hay 18 millones de hectáreas de comunidades en la amazonía peruana sin titularidad. Un informe de 2012 de Environmental Investigation Agency, EIA, denunció la corrupción del sistema de concesiones, el que incluso operaría con información falsa en el caso de exportaciones de especies protegidas como el cedro y la caoba.
Una investigadora de ésta última entidad, afirma que la entrega de concesiones es sólo un medio para ‘lavar’ la madera de tala ilegal, pues el Estado no tiene capacidad de controlar, lo mismo que ocurre en Aduanas ante la exportación. Por otra parte, una fuente que pide reserva dice que la madera valiosa ya fue extraída y que para obtener algo más hay que adentrarse en la selva profunda, por peligrosos circuitos que además son usados por el narcotráfico.
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