A fines de junio una resolución del Consejo de DD.HH. de Naciones Unidas puso en marcha la creación de un tratado internacional vinculante para juzgar los crímenes de las empresas transnacionales. Una sociedad civil que impulsa una campaña contra la impunidad del poder corporativo califica la decisión de histórica. Las violaciones a derechos humanos habitualmente suponen crímenes contra el medio ambiente.
Los abusos que cometen las empresas transnacionales (ETN) son noticia habitual. Derrames de petróleo de los que no se hacen cargo, contaminación por tóxicos de aguas y tierra debido a extracciones mineras, talas ilegales, despojamiento de tierras a campesinos, apropiación de fuentes de agua en zonas de extrema sequía… Una reciente resolución del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que busca regulaciones internacionales traerá, seguramente, el tema al debate público.
El pasado 24 de junio, durante su 26° reunión en Ginebra, la ONU resolvió “establecer un grupo de trabajo intergubernamental cuyo mandato será la elaboración de un instrumento internacional jurídicamente vinculante para reglamentar, de acuerdo al derecho internacional de derechos humanos, las actividades de las empresas transnacionales y otras empresas”.
El documento hace hincapié “en que las obligaciones y responsabilidad primordial de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales incumbe al Estado”, y que éstos deben proteger “contra los abusos cometidos en su territorio y/o jurisdicción, incluidas las empresas transnacionales”.
“Éstas y otras empresas comerciales tienen un responsabilidad de respetar los derechos humanos…”, señala. Pero es letra muerta si se traen a la memoria los numerosos casos de víctimas en eterna espera de reparación. De los más recientes, el derrumbe de Rana Plaza, una fábrica textil en Bangladesh que dejó 1.138 muertos, 140 desaparecidos, más de 2 mil heridos y reveló la pobreza y falta de seguridad en los talleres –algunos ilegales- que confeccionaban ropa para cadenas de distribución que surtían a marcas como Benetton y Mango.
Derrumbe en Bangladesh.
Los bajísimos salarios mensuales, no más de 38 dólares, horarios de trabajo que no se respetan, menores de edad en las faenas, han hecho que Bangladesh se haya transformado en las últimas tres décadas en la segunda industria textil más importante, detrás de China. Según la propia Asociación de Fabricantes y Exportadores de Ropa de Bangladesh, si a comienzos de los ’80 había 200 mil bengalíes haciendo ropa, entre 2010 y 2011 la cifra subió a 4 millones. Pero las condiciones de trabajo son precarias y los accidentes habituales; en los seis meses previos al derrumbe hubo incendios que dejaron 200 muertos. Luego de la tragedia se subió el salario a 68 dólares mensuales.
Demás está decir que en estos lugares la última preocupación es el medio ambiente. La industria de la ropa es de las más contaminantes, por el uso de fertilizantes y grandes cantidades de agua en el cultivo de algodón, por ejemplo. O por los teñidos tóxicos que se usan para las telas y que contaminan cursos de agua y aire. Tanto es así que en 2012 comenzó a discutirse un código de conducta de la industria de la moda y textil que se presentó en la Cumbre de Río+20, con estos temas, además de seguridad de trabajadores, salarios justos, trabajo infantil y la sustentabilidad como valor clave.
Otro ejemplo es el polémico caso Chevron, con más de 1.400 muertos por enfermedades derivadas de vertidos de crudo y tóxicos que fueron abandonadas por la petrolera en piscinas sin revestimientos en la selva amazónica ecuatoriana; 30 mil damnificados, 20 años más tarde siguen demandando respuestas.
¿RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL?
Pero la discusión sobre las responsabilidades de las ETN no es nueva. Según documenta la plataforma Stop Corporate Impunity, data de más de 40 años, cuando Naciones Unidas intentó crear códigos de conducta internacionales para las grandes corporaciones, pero las potencias y los lobbies empresariales pusieron freno a las iniciativas. A fines de los ’90 surgió la ‘Responsabilidad Social Corporativa o Empresarial’ (RSE) y el Global Compact, promovidos desde la misma ONU, pero con carácter de voluntarios, de los cuales no se deriva ninguna obligación jurídica y que revelan el evidente cambio de rumbo del organismo.
Los derrames de crudo son habituales.
Para sancionar a transnacionales que operan más allá de cualquier frontera es vital que los castigos penales y civiles estén establecidos en el Derecho Internacional y que los acuerdos tomados entre Estados o suscritas por éstos sean vinculantes; es decir, que obliguen a las partes.
Según estima esta plataforma (creada en 2012 y con más de 500 organizaciones civiles adscritas a una campaña internacional que buscan poner fin a la impunidad corporativa), la resolución del Consejo de DD.HH. de la ONU es histórica. Tuvo 20 votos a favor, 14 en contra y 13 abstenciones. Entre los promotores de un tratado que garantice a las víctimas derecho a justicia, estuvieron Ecuador, China, Sudáfrica e India, mientras entre sus firmes opositores se cuentan EE.UU. la Unión Europea y Japón. Pareciera ser que se enmienda el camino.
ALGUNOS CASOS
Si para las transnacionales poco importan los derechos humanos, el derecho a un medioambiente sano, libre de tóxicos, importa nada. Los casos de flagrantes violaciones a los primeros por parte de las ETN habitualmente suponen la violación del segundo. Un día antes de la votación en el hemiciclo de la ONU, el Tribunal Permanente de los Pueblos escuchó en Ginebra algunos testimonios de comunidades afectadas por acciones de transnacionales. Entre ellos estuvieron:
-Minera anglo-suiza Glencore con actividades en varios continentes; en Filipinas se la acusa de financiar grupos paramilitares que han matado, detenido ilegalmente, profanado tumbas para promover su proyecto de cobre y oro, que afectará tierras de pueblos indígenas, bosques y cursos de agua. En Zambia es responsable de contaminación por dióxido de azufre de tierra, agua y aire, que afectan a la población indígena, a la flora y fauna; además de evadir impuestos y desviar ganancias fuera del país. En República Democrática del Congo está implicada en fraudes, contrabando de minerales fuera del país, evadir impuestos, contaminación de aire y agua, permitir trabajo infantil y de expatriados infra remunerados. Además de otros casos en Perú y Colombia.
Sustancias tóxicas en cursos de agua.
-Los casos de contaminación por petróleo de Chevron en Ecuador y en el delta del Río Niger por Shell en Nigeria.
-La israelí Mekorot en Palestina, en colaboración con el estado de Israel, es acusada de restringir el suministro de agua a palestinos para abastecer a colonos, de precios discriminatorios a favor de los últimos y de saqueo de recursos naturales en territorio ocupado.
-Coca Cola en Colombia, se la acusa de crímenes en contra de sindicalistas, de encubrir contaminación, saqueo a recursos naturales y uso irracional de agua, entre otros.
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