Un informe de la ONG inglesa Global Witness da cuenta de 908 muertes en la última década por disputas con forestales, mineras o agroindustriales. Los crímenes gozan de altísima impunidad; menos del 1% de los agresores han sido condenados. Casi la mitad de ellos ocurrieron en Brasil, donde la defensa de la tierra y la oposición a la tala, sigue siendo la causa.
Nunca ha sido más urgente defender el medio ambiente y nunca ha sido más mortal hacerlo. Esa es una de las miradas que aborda el informe sobre la muerte de activistas de la ONG inglesa Global Witness, según el cual al menos 908 personas en 35 países perdieron la vida en disputas por la tala industrial, derechos de explotación minera o defensa de la tierra, entre 2002 y 2013, y los últimos años han sido los peores.
Más de 80% de las muertes se registraron en América Latina, donde Brasil es el país más peligroso para los activistas. A 25 años del asesinato de Chico Mendes -símbolo mundial del movimiento ambientalista-, la tierra del recolector cauchero pionero en la defensa de la Amazonía de la tala indiscriminada, sigue siendo territorio peligroso: registra 448 muertes. Y por las mismas causas: la tala y la disputa por la tierra.
Le siguen Honduras con 109, Filipinas con 67 y Perú con 58. En 2012 se registraron 147 muertes, casi tres veces más que 2002 (con 51), transformándose en uno de los peores años. La tasa de mortalidad aumentó a un promedio de dos activistas a la semana, en los últimos cuatro años. En las cifras se constatan 17 desapariciones forzadas, que se presumen muertos.
Los atropellos en zonas aisladas de África y Asia, y/o con regímenes autoritarios como la República Centroafricana, Zimbabwe y Myanmar, son aún más difíciles de pesquisar y no están en los registros de la ONG.
Por ello “Deadly Enviroment” enfatiza que es posible que las cifras sean aún mayores que las documentadas, debido al ocultamiento y escasez de información y atribuye a la falta de atención pública sobre estos temas los niveles endémicos de impunidad, ya que poco más del 1% de los agresores han sido condenados.
“No hay síntoma más evidente de la crisis medioambiental en el mundo que el aumento de asesinatos de gente ordinaria que defiende el derecho a sus tierras. Sin embargo, este problema que crece rápidamente pasa en gran parte desapercibido, y sus responsables salen casi siempre indemnes», señaló la ONG ayer en la presentación del informe, que da cuenta de apenas 10 condenas de los 908 crímenes.
La defensa ante el acaparamiento de tierras por mineras, forestales o agroindustria, que obligan a muchos a dejar sus tierras o a luchar para evitar la devastación, además de las protestas por hidroeléctricas, contaminación o protección de la vida silvestre son las causas habituales detrás de los crímenes.
¿POR QUÉ BRASIL?
La gran cantidad de muertes en Brasil es atribuida a “al modelo de propiedad de la tierra, que está entre los más concentrados y desiguales del mundo”, señala el documento que le dedica un capítulo especial. En él se explica que pese al gran crecimiento económico, sustentado en parte por las exportaciones agroindustriales de soya, carne y madera, “la mayoría de la población de Brasil sigue siendo pobre y la mayor parte de su comida se produce en propiedades pequeñas o medianas».
Esto obliga a los pequeños agricultores y comunidades indígenas a “entrar en conflicto con propietarios poderosos y bien conectados por los derechos legales sobre bosques y tierras… Primero llegan los taladores ilegales y se llevan la madera. La segunda industria es la ganadería y luego la soja. Ese es el ciclo natural de la frontera amazónica», dice en el informe la ONG brasileña Pública.
Así, la defensa de la Amazonía, de la selva, los bosques y la tierra, terminan en muertes que no alcanzan para detener la deforestación de la zona, empinada al 28% en el último periodo 2012-2013.
En Perú, si bien se constatan 58 asesinatos, desde 2002 hubo al menos 150 muertes -incluidas 46 ejecuciones extrajudiciales- que tuvieron lugar en contexto de manifestaciones y protestas en torno a yacimientos mineros.
La situación de los indígenas en este escenario es muy desmejorada. Habitualmente se les acusa y estigmatiza de oponerse al progreso cuando defienden sus tierras ancestrales, vendidas sin que se enteren y de las cuales son expulsados sin miramientos, cuando no sometidos a dudosos procesos.
El informe de Global Witness, que desde 1993 trabaja develando “las redes económicas detrás de los conflictos, la corrupción y la destrucción medioambiental”, habla de muertes, pero es mucha la gente que sufre apremios, amenazas y violencia por defender sus medios de vida y su derecho a vivir en un medioambiente limpio.
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