Aunque el gobierno señala que no tolerará la deforestación ilegal, ambientalistas señalan como culpables a la ley forestal, un Congreso influido por el lobby agropecuario y una menor cantidad de áreas protegidas.
El principal pulmón del mundo, cuna de especies únicas, Patrimonio de la Humanidad y una de las siete maravillas naturales del planeta, aumentó su tasa de deforestación en un 28%, alcanzando los 5.843 km2, entre agosto de 2012 y julio de 2013, según datos del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE) y su Proyecto de Monitorización de Floresta Amazónica por Satélite.
En 2012 la deforestación de la Amazonía había alcanzado su menor nivel histórico de 4.571 km2 desde que se inició el monitoreo en 1988; en 2011 fue de 6.418 km2. La cifra más alta fue de 27.000 km2 y se registro en 2004.
La información la entregó ayer la ministra de Medio Ambiente de Brasil, quien convocó a una reunión de emergencia a sus pares de los estados amazónicos, Perú, Colombia, Bolivia, Ecuador, Guyana, Venezuela y Surinam, el próximo viernes para buscar explicaciones y tomar medidas.
EL LOBBY DEL AGRO Y LOS «DEFORESTADORES»
Sin embargo, el compromiso de Brasil para reducir drásticamente la deforestación se ve entredicho en su propio país, pues las cifras entregadas coinciden con la ejecución de grandes obras y leyes aprobadas por un Congreso que tiene una poderosa bancada favorable a los negocios del agro de este gigante en la producción de alimentos.
«El gobierno había mostrado una reducción muy positiva de la deforestación de la Amazonía -80% en casi una década- pero la aprobación del código forestal, hidroeléctricas y una menor creación de áreas protegidas, aumentó la especulación por tierras y el gobierno dio una señal de que no será tan duro en combatirlo», señala el Instituto Imazon, que promueve el desarrollo sostenible de la Amazonía.
Se refiere al nuevo Código Forestal que contempla una amnistía para productores que ocuparon áreas de preservación hasta julio de 2008.
“Los deforestadores han perdido el miedo a ser detectados» por los satélites, dicen desde la “Campaña Amazónica” de Greenpeace. «La explicación es que el Gobierno brasileño entró en un peligroso juego de alianza con legisladores que representan a los deforestadores en el Congreso», concluyen.
No obstante, la ministra Izabella Teixeira se empeñó en señalar que su gobierno no tolerará y considera inaceptable cualquier aumento de la deforestación ilegal…. nuestro compromiso es revertirla, nuestro objetivo es eliminar la deforestación», aseguró.
Coincidentemente con las denuncias ambientalitas, los estados más afectados son aquellos de gran producción agrícola (soya) y ganadera: Pará, en la zona norte, y Mato Grosso, centro-oeste, cuya cifras de deforestación aumentaron 37% y 52%, respectivamente. Otros estados mostraron disminución: Amapá (59%), Acre (35%) y Tocantins (17%).
UN MILLON DE HECTAREAS V/S DEFORESTACION «O»
En septiembre de este año, el Servicio Forestal Brasileño (SFB) publicó las concesiones a partir de 2014, que son a 40 años, para ser explotadas por el negocio maderero y suponen más de un millón de hectáreas.
La cifra da escalofríos, pero la visión del servicio es otra: “El desorden territorial, que genera ocupación ilegal y deforestación, tiene relación con la falta de manejo de estas áreas. Si es el gobierno el mayor dueño de tierras en la Amazonía, es su papel manejar estas áreas. Y la mejor gestión para una floresta es el manejo forestal. El gobierno lo hace a través de terceros, por medio de concesiones”.
En el ámbito internacional, Brasil se había comprometido a bajar la deforestación hasta 2020 en un 80%, en relación a los niveles marcados en 1990, esto es 3.925 km2 de destrucción anual.
Pero hay quienes plantean y hacen campaña por una “Deforestación Cero”, dado que es la mayor selva del mundo, con una biodiversidad invaluable y que almacena entre 80 y 120 mil millones de toneladas de dióxido de carbono, vital para la estabilidad del clima en el planeta. Y porque la deforestación no es la única amenaza, las reservas de petróleo que esconde la Amazonía la tienen en la mira.
A nivel interno, la reforma del código forestal, enfrenta a agricultores y ambientalistas, las concesiones mineras entregadas en desmedro de grupos indígenas y la posibilidad de que sea el parlamento -controlado por un lobby agropecuario- quien demarque sus territorios, no facilita el panorama.
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