A propósito de una jornada de protesta contra Chevron y la nula reparación a las víctimas de sus delitos, el argentino Adolfo Pérez Esquivel insiste en la urgencia de un tribunal internacional que juzgue delitos ambientales pues “son crímenes contra la humanidad”, sostiene. Dado el carácter transnacional de la contaminación es necesario abordarlo con entidades globales, señalan sus promotores.
Con ocasión de una jornada de protesta internacional contra la petrolera Chevron, tristemente célebre por el caso de Lago Agrio en Ecuador donde cientos de indígenas siguen, tras 20 años, esperando una reparación que la justicia no ha podido otorgar a las víctimas, el premio Nobel de Paz Adolfo Pérez Esquivel escribió hace unos días un artículo titulado “Repudio global al prófugo silencioso”.
Chevron, más tarde fusionada con Texaco, explotó pozos petroleros en la selva entre el ‘64 y el ‘92. Al irse dejó más de 900 piscinas sin revestimientos llenas de desperdicios tóxicos que contaminaron las aguas subterráneas, la tierra y todo el ecosistema. Más de 1.400 personas murieron. Fue sentenciado en Ecuador -por eso Pérez Esquivel lo llama prófugo- pero impugnaron el fallo y hoy el caso está entrampado en una maraña judicial. Las víctimas: aún esperan.
La protesta del 21 de mayo tuvo lugar en más de 40 ciudades del mundo y fue, en palabras del Nobel, “para visibilizar mundialmente los desastrosos resultados de la operación de esa petrolera, cuyos daños ambientales han impactado contra el derecho a la vida digna de las personas y los pueblos”. Señala que el “paradigmático” caso en la Amazonía ecuatoriana -“de medio millón de hectáreas y la afectación a la salud y formas de vida de más de 30 mil personas”- no es único en el “lamentable historial” de esta compañía y alcanza a otros veinte países, entre ellos Nigeria, EE.UU. y Argentina, en su Patagonia.
Pérez Esquivel lleva años abogando por una Corte Penal Internacional para el Medio Ambiente.
Hubo por esos días una junta anual de accionistas de Chevron, trasladada de su lugar habitual en San Francisco a un pequeño poblado de Texas, y a pesar de que la jugada evitó grandes manifestaciones, dos hermanos indígenas ecuatorianos lograron entregar una carta. En la junta no hubo ni una palabra sobre los afectados ni los juicios.
“La invisibilización de los impactos causados por la propia petrolera es un capítulo tan indignante como la contaminación misma. Chevron niega a las víctimas no solo de Ecuador sino de todo el mundo, no haciéndose cargo de los pasivos ambientales dejados en los países donde operaron con malas prácticas”, escribe Pérez Esquivel para insistir en el tema por el que viene luchando desde 2009 cuando fundó la Academia Internacional de Ciencias del Ambiente de Venecia (IAES): la urgencia de que opere una Justicia Penal Internacional.
“Los delitos ambientales son crímenes en contra de la humanidad… la protección de la naturaleza es transfronteriza e implica la protección de los derechos colectivos e individuales de las personas, en tanto integrantes de este ecosistema que es nuestro planeta”, sostiene este pacifista argentino que recibió el Nobel en 1980 por incansable defensa de los Derechos Humanos y la democracia.
CORTE PENAL INTERNACIONAL PARA EL MEDIO AMBIENTE
En opinión de muchos, el tema ambiental “pasó de ser una preocupación a la categoría de derecho” y aunque hoy se puede acudir a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya, hay cada vez más voces que promueven un órgano específico. Se dice que ‘la degradación medioambiental no puede esperar negociaciones normales del ámbito internacional; que hay que pensar en códigos obligatorios adoptados internacionalmente, donde opere la justicia global’.
“No es difícil probar el delito ambiental, es difícil que paguen», señaló el fiscal federal argentino Gustavo Gómez, investigador de delitos ambientales y promotor de una organización focalizada en ellos. Dice que si algo ha enseñado el Caso Chevron es que hay que cambiar el paradigma de administración de justicia ambiental; que pretender que se cumpla un fallo de nuestros tribunales en otra nación, apenas “genera un gesto risueño en el extranjero”.
Es ante una justicia ineficaz en estos casos, que comienzan a gestarse “asambleas ciudadanas, ONGs, grupos autoconvocados que frente a la inactividad y -por qué no- complicidad del Estado, veían como su urgente derecho al ambiente sano, a un mínimo de salud, era avasallado… se pierde de vista que estamos hablando de un derecho humano esencial; el derecho al ambiente sano lo es”, explica el jurista.
Dado el carácter transnacional de la contaminación es necesario abordarla con entidades globales y penas eficaces y disuasivas, que tengan también un sentido preventivo y donde el dinero no sea suficiente para exculpar al contaminador.
La entidad de Pérez Esquivel, IAES, lleva años promoviendo un organismo de este tipo.“Hoy numerosos desastres ambientales quedan en la total y absoluta impunidad jurídica, como lo acontecido en Chernobyl y tantos otros desastres que afectan la vida planetaria. Lo mismo ocurre con las petroleras y empresas contaminantes como la gran minería y los agro-negocios, con los desmontes de los bosques naturales, con la contaminación y el uso irracional del agua. Los recursos naturales son un bien esencial de la humanidad que está en alto riesgo de contaminación y desaparición”, ha dicho el argentino.
Mientras logra consensuarse e implementarse una Corte Penal Internacional para el Medioambiente, en su misiva el Nobel de la Paz señala: “los crímenes de lesa humanidad ambientales causan más muertes que las guerras… mientras, las víctimas seguirán organizándose por su cuenta y denunciando su situación, como lo advierten los afectados del Ecuador en la carta a los accionistas de Chevron: ‘Solamente necesitamos salir de nuestras casas para tener el ‘combustible’ que necesitamos para alimentar nuestro espíritu. Seguiremos todo el tiempo que sea necesario, en todos los países donde existan activos de Chevron, los perseguiremos’”.
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