Defensores del medioambiente hay en todas partes, pero la mayoría de las veces pasan inadvertidos o son acallados. El Premio Goldman destaca a seis de ellos, de todos los continentes. Son historias inspiradoras, que buscan justamente motivar a otros.
The Goldman Environmental Prize es considerado el Nobel de los ambientalistas y distingue desde 1990 a “héroes” de África, Asia, Europa, Islas, América del Norte, Centro y Sur, que luchan por la “justicia ambiental”, a veces a riesgo de sus propias vidas. El galardón los premia con 175 mil dólares y un reconocimiento internacional que consolida su credibilidad, pero también y luego de la ceremonia -celebrada esta semana, previo al Día de la Tierra- , les otorga una agenda con medios de prensa que visibilidad a las causas que defienden.
La líder de los Xeni Gwet’in, Marylin Baptiste defendió el río que alimenta a su comunidad de una minera que pretendía drenarlo y utilizarlo para dejar residuos tóxicos.
En su versión 2015, el galardón –cuyo monto lo hace el de mayor importancia para los ecologistas- celebró las luchas de tres hombres y tres mujeres. Entre los primeros, Myint Zaw, periodista, Myanmar, quien logró a través de redes sociales y una exitosa campaña vía e-mail –en un país con muchas restricciones en esa área- crear un movimiento que detuvo la construcción de una represa en el Río Irrawaddy, que desplazaría a más de 18 mil personas de casi 50 pueblos, sumergiendo también su corazón cultural y su biodiversidad.
Jean Wiener, biólogo marino, de Haití, en 1992 creó una fundación para promover la protección de mares, manglares y corales, dado que el suyo era el único país del Caribe que no tenía áreas marinas protegidas (AMP) y que la pobreza de la isla empujaba a su gente a depredar sus mayores tesoros. En 2013, su trabajo dio frutos: Haití anunció sus dos primeras AMP.
Howard Wood, Escocia, encabezó una larga batalla para establecer la primera área marina protegida desarrollada por la comunidad en la Isla de Arran, luego de que la destructiva pesca industrial arrasara con bastas zonas de hábitat. En 2014, el parlamento escocés anunció nuevas AMP, entre ellas el área del Mar de Arran del Sur.
Berta Cáceres, hondureña y miembro de una comunidad indígena, también defendió un río sagrado para los suyos, pero de la construcción de una enorme represa. Aún recibe amenazas de muerte.
Berta Cáceres, Honduras, miembro de la comunidad indígena de los Lencas, evitó junto a los suyos la construcción de una represa en el río sagrado Gualcarque que se abrió paso sin consulta indígena. Desde 2006 lideró la “resistencia”, organizó asambleas, presentó recursos internacionales contra los financiadores (Banco Mundial) y hasta mantuvo el bloqueo a la zona de la presa por más de un año. No fue gratis, uno de los dirigentes comunitarios fue asesinado –sin culpables aún- , otros atacados y torturados, y ella misma aún es presa de amenazas. Con todo, a fines de 2013 se paralizó el proyecto.
Marylin Baptiste, Canadá, es parte de Xeni Gwet’in, una de las seis comunidades que conforman la nación Tsilhqot’, este grupo aborigen vive en el Valle de Nemiah, territorio prácticamente virgen en el corazón de la Columbia Británica. Durante generaciones han sido firmes protectores de sus tierras, donde viven con generadores y conectados a sistema telefónico recién en 2009. En 2010 el gobierno regional aprobó un enorme proyecto minero de oro y cobre a cielo abierto (antes siquiera de que fuera evaluado por el gobierno federal canadiense), que suponía drenar parte de un lago (y usarlo para residuos) que forma parte no sólo de su fuente de agua y sustento –la caza de salmón salvaje y trucha- sino parte de su identidad espiritual. Como líder de los suyos, Baptiste inició una lucha en instancias legales y también bloqueando carreteras cuando la minera comenzó a mover maquinaria pesada a la zona. Finalmente, la Corte Suprema les dio la razón.
ENVENENAMIENTO POR PLOMO
Como la de todos los ganadores, la historia de la keniata Phyllis Omido es de película, parecida a la que protagonizó Erin Brokovich y que en la pantalla interpretó Julia Robert. Su lucha logró el cierre en 2014 de una fundición de plomo que estaba envenenando a vecinos y trabajadores en Mombasa y que tuvo a su propio bebé entre los afectados.
Contratada para gestionar las relaciones con la comunidad de la fundición Owino Uhru, que extraía plomo de las baterías de autos usados, Phyllis llevaba poco tiempo trabajando cuando su bebé enfermó severamente; sospecharon de malaria y fiebre tifoidea, pero terminó siendo envenenamiento por plomo a través de la leche materna. Entre las tareas que había iniciado estaba la elaboración de un estudio de impacto ambiental, que daba cuenta que los humos cargados de plomo –expulsados durante la noche para no ser detectados- y las aguas residuales descargadas sin tratamiento a los arroyos usados por la población para lavar, cocinar y bañarse, estaban haciendo estragos.
Los trabajadores estaban expuestos de manera directa a los tóxicos; su única protección eran guantes de algodón entregados por la planta cada mes, aunque los directivos entraban a la fábrica con protección absoluta. La rotación de los operarios era habitual; en la planta se sabía de las consecuencias de la exposición prolongada al plomo. Ella recomendó el cierre y reubicación de la planta, pero pronto fue reasignada y más tarde despedida.
La keniata Phyllis Omido luchó para demostrar la contaminación a que estaban expuestos los trabajadores y vecinos de una fundición de plomo. Su hijo también fue afectado a través de la leche materna.
Así y tras la salida de su hijo del hospital, inició una campaña que ahora también era personal. Con la ayuda del pastor local se acercó a la comunidad para promover la realización de exámenes: las mujeres sufrían abortos espontáneos, los niños solían tener dolor de estómago y fiebre; hasta los pollos de sus patios morían tras tomar agua que goteaba de la fundición.
Los exámenes dieron con tres niños con envenenamiento por plomo y demostraron altísimos niveles en el resto, casi 20 veces más que el que puede tener un niño en EE.UU.; los suelos registraban 10 veces más metal tras un año de funcionamiento de la planta.
Con los datos duros, Omido fue a la autoridad ambiental, sin resultados. Inició entonces campañas en conjunto con la comunidad y hasta fundó el Centro de Justicia, Gobernanza y Acción Ambiental, que junto a protestas callejeras, cartas e incluso detenciones y acusaciones de incitación a la violencia, lograron crean tal presión que en enero de 2014 y luego de cinco años operando, la fundición cesó sus operaciones. Con su ONG, ahora abraza otras causas ambientales, pero aún busca en tribunales que se realicen acciones para descontaminar los suelos y las aguas y se entreguen compensaciones a los afectados.
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