El proyecto minero-portuario “Dominga”, que se ubicaría en Coquimbo, zona que hace 4 años se salvó de la termoeléctrica Barrancones, es de propiedad de Carlos Alberto Délano y entró a tramitación ambiental mientras era subsecretario de Minería, Pablo Wagner, quien durante su gestión recibió 42 millones del grupo Penta. Además, hay serios cuestionamientos al impacto de «Dominga» sobre el entorno y la comunidad local.
Los coletazos del bullado caso Penta – investigación de fraude al fisco por más de 400 millones de pesos y su llamada arista política que incluye el financiamiento de campañas a prominentes figuras- podría tener una inesperada repercusión en el proyecto minero y portuario «Dominga», en proceso de calificación ambiental y cuyo socio principal es Carlos Alberto Délano, del grupo Penta.
Ayer la ONG internacional Oceana exigió el retiro del proyecto del proceso de calificación ambiental tras conocerse detalles sobre los pagos que Penta habría realizado al ex subsecretario de minería Pablo Wagner (ex gerente del holding) mientras “Dominga” iniciaba su tramitación.
«No es posible que un proyecto tan cuestionado por sus graves impactos en un ecosistema excepcional esté envuelto en un caso de cohecho que pone en duda toda la tramitación de sus permisos ambientales. Simplemente no existe la credibilidad necesaria para seguir adelante con un procedimiento viciado desde su origen», señaló Alex Muñoz, director ejecutivo de Oceana.
Wagner ejerció diversos cargos gerenciales en Penta entre los años 2000 y 2009 y tras su salida siguió percibiendo honorarios. El 11 de marzo de 2010, cuando fue nombrado subsecretario, esos pagos fueron suspendidos a su nombre pero continuaron a nombre de familiares suyos. Se estima que mientras fue parte del Poder Ejecutivo recibió 42 millones de pesos. El Ministerio Público lo investiga por el delito de cohecho y sería de las primeras figuras políticas en ser formalizadas, dada su estrecha relación con el grupo Penta.
Oceana señala que ese dinero “presumiblemente” fue usado “para interceder desde su cargo en el proceso de calificación ambiental de Dominga”.
Ubicación de mina «Dominga».
La Reserva Nacional de pingüinos de Humboldt es parte del entorno impactado por el proyecto.
EL PROYECTO
Con una inversión estimada de US$2.500 millones, el proyecto ubicado en la Comuna de La Higuera, a 26.4 kms. de Punta de Choros, contempla la extracción de hierro –unos 12 millones de toneladas de concentrado fino al año-, y de subproducto de cobre, además de la construcción de un puerto de embarque en el sector de Totoralillo Norte.
“Dominga”, propiedad de Andes Iron (controlado por los empresarios José Antonio Garcés y Carlos Alberto Délano), ingresó en septiembre de 2013 al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), mientras Wagner ejercía como subsecretario de Minería. De aprobarse, la construcción duraría 30 meses e implicaría unos 10 mil trabajadores empleados, además de otros 1.500 durante sus operaciones. El proyecto tendría una vida útil de 23 años, extendibles a 30 años.
OTRA VEZ EN PELIGRO
Se trata de una mina a rajo abierto y depósito de relaves, fuertemente cuestionada por la comunidad debido a los impactos ambientales para la zona, la misma que estuvo en riesgo en 2010 debido a la termoeléctrica Barrancones y cuya construcción detuvo una llamada telefónica del entonces Presidente Sebastián Piñera.
Si bien cuestionada por saltarse los conductos institucionales, la “llamada presidencial” salvó sin más trámites un entorno de alta y rica biodiversidad, que incluye la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt y sus tres islas –Choros, Damas y Chañaral-, donde son habituales los avistamientos de mamíferos, entre ellos ballenas.
Mucha gente de la zona ya tiene una posición.
Según señala Oceana, los dueños de Dominga “reconocen que el proyecto generará impactos como la pérdida de sitios de nidificación del pingüino de Humboldt (Spheniscus humboldti) debido a la construcción de obras marítimas, la pérdida de hábitat de cetáceos costeros y el efecto fisiológico sobre éstos por la construcción de obras marítimas, y la alteración del hábitat de especies de fauna marina (Chungungo, Lontra felina) a causa de la construcción del terminal de embarque”.
En la reserva vive el 80% de los pingüinos de Humboldt del mundo, además habitan colonias de lobos marinos, chungungos, pingüinos magallánicos y delfines nariz de botella (como «Flipper»). Durante el verano, son parte del atractivo turístico los avistamientos de tortugas, albatros y ballenas.
A la fecha el proyecto presenta 234 observaciones ciudadanas, de agrupaciones de buzos y pescadores artesanales, comunidades agrícolas y personas naturales, entre entidades como Movimiento de Defensa del Medio Ambiente y la Fundación Sociedades Sustentables, que reclaman por medidas de protección de suelos, aguas y bosques y su probable contaminación, los efectos sobre los recursos naturales renovables y consecuencias del posterior funcionamiento de la mina y el puerto en todo el entorno. Y hasta por el silencio, que ya no será un bien de esta zona.
Al terminal de embarque proyectado en Totoralillo Norte llegarían un promedio de cuatro buques al mes. Según la misma empresa explica, la ruta de buques no es parte del proyecto. A pesar de ello señala que “se diseñó una ruta en la que la menor distancia de Isla Damas es de 20 kms.” También señala que conscientes de la escasez hídrica de la zona, para sus faenas solo usarán agua de mar desalinizada; se succionarían 4 mil metros cúbicos de agua de mar por hora a una profundidad de 15 metros y a una distancia de 750 metros de la costa. “Pero no explica cómo evitará la succión de vida marina, en especial de plancton y larvas, las cuales son la base de la biodiversidad y del área de manejo local”, señala Fundación Sociedades Sustentables.
Según el Movimiento del Medio Ambiente, Modema, el proyecto Dominga “es diez veces más contaminante que el anterior rechazado Barrancones”. Además del impacto en el fondo marino, la Reserva de pingüinos y el impacto en alta mar por el aumento de los volúmenes de sal, alertan sobre la contaminación del aire, las reservas de aguas dulces y el impacto social con la presencia de miles de trabajadores a un sector que no supera los 4 mil habitantes.
Oceana señala que el proyecto afectará el ecosistema marino y costero entre Chañaral de Aceituno y el sur de La Higuera, donde “existe un potencial enorme para vivir de actividades como el turismo de naturaleza, la pesca artesanal, las áreas de manejo del loco y la agricultura. Lo importante es que el Gobierno dé más apoyo a las comunidades que están desarrollando estas actividades sustentables y no a una empresa que terminaría con botar a la basura todo este esfuerzo y que necesita comprar voluntades para abrirse paso», concluye la ONG.
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