Casi 50 son los casos que presenta esta herramienta de «Agua que has de beber», naciente iniciativa que busca ser puente entre la sociedad civil y las autoridades en Chile, para generar un cambio legal que priorice su uso para consumo humano. Hoy, con sequía y escasez en norte, centro y sur, la mayor parte del agua la usa la minería y los sectores agroindustriales.
El agua es tema en el mundo hoy. La ONU habla de estrés hídrico para muchos lugares con escasez y advierte que para 2030 el 40% de la humanidad sufrirá carencia. La Cumbre del Agua de octubre de 2013 fue abierta con datos: casi mil millones no cuentan con agua potable ni sistema sanitario. Se señala, incluso, que las guerras del futuro serán por el agua.
En California, EE.UU., una pertinaz sequía obliga a campañas para bajar en 20 y 30% el consumo. En Chile unos 500 camiones aljibe, otras tantas barcazas y lanchas abastecen a más de 400 mil habitantes de 130 comunas entre Coquimbo y Aysén. El gobierno chileno en el año 2011 gastaba $3.143 millones en abastecimiento de agua, en 2013 la cifra subió a $15.556 millones.
En este escenario surge Agua que has de beber, iniciativa chilena que quiere fortalecer y apoyar la voz de la sociedad civil en la modificación legal del uso del agua en el país, en manos privadas. Una de las herramientas propuestas en su sitio es un mapa interactivo sobre los conflictos por el agua que están vigentes, a través del cual se puede enviar y obtener información región por región.
“Ayúdanos a denunciar el uso irresponsable del agua”, dicen los responsables del proyecto, la Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo (AIFBN), la Corporación Canelo de Nos, la Fundación Senda Darwin y el Instituto de Ecología y Biodiversidad, con apoyo de Unión Europea.
MAPA ACTUALIZADO Y EN TERRENO
El equipo del proyecto trabaja en territorios de las comunas de Valdivia, Ancud, Isla Grande de Chiloé y Ovalle y en la zona de La Araucanía.
Mapa del Agua
El mapa presenta casi 50 conflictos por el agua y, según el director Cristián Frene (AIFBN), su objetivo es informar sobre estos conflictos desde los territorios donde ocurren, además de hacer comprensible que “el problema del agua en Chile es sistémico y, por lo tanto, los distintos actores deben actuar coordinados para generar un cambio profundo en la forma de entender y utilizar el agua”.
Por ello sus promotores llaman a las comunidades que enfrentan conflictos por agua a entregar la información, la que tras ser corroborada será incorporada al mapa, con permanente actualización. “La idea es que este mapa sea una construcción colectiva”, señalan.
A nivel global, pretenden participar “en la definición y aplicación de estrategias de reducción de la pobreza y de desarrollo sustentable”, favoreciendo el diálogo entre sociedad civil y las autoridades.
La idea es incidir en la modificación del Código de Aguas para priorizar su uso para consumo humano; promover la gestión y administración del agua con un enfoque de cuencas y cuatro modelos “socio-ecológicos”, y llegar a presentar estas propuestas al Congreso.
DERECHOS CONCEDIDOS A PRIVADOS, GRATIS Y A PERPETUIDAD
Parte de los antecedentes que aporta la iniciativa, explica que en Chile el modelo de gestión del agua favorece la concentración de su propiedad en manos privadas: sector eléctrico, minero y agrícola exportador. El Código de Aguas, de 1981, considera el agua como bien nacional de uso público y bien económico también. Es decir, es patrimonio colectivo, pero su gestión y aprovechamiento está sujeto a criterios de libre mercado y normas de la propiedad privada.
“En la práctica, el Código de Aguas separa la propiedad del agua del dominio de la tierra. Hasta 2004, los derechos de agua en Chile fueron concedidos a privados gratuitamente y a perpetuidad, situación única en el mundo para un bien definido como derecho humano básico…. lo que vulnera los derechos fundamentales de la sociedad, en particular de los pueblos originarios y del sector rural y urbano”, señala la organización.
En el área urbana, las empresas estatales lograron la cobertura de hasta el 98% de la población, entre 1976 y comienzos de los años ’90, cuando ya habían logrado eficiencia económica y autosuficiencia. Pero en 1998 se aprobó el ingreso del sector privado y en 2005 ésta ya controlaba el 95% de la propiedad. Esa estructura está vigente; entre otras cosas implica que hoy las sanitarias no se ocupan de las cuencas donde se origina el agua, sólo gestionan la captación, potabilización y suministro.
En el área rural, la comunidad se organiza en Cooperativas y comités de Agua, pero con grandes dificultades debido a que dependen de la provisión de agua desde las cuencas, que no son de su propiedad y que muchas veces están sometidas a usos de suelo incompatibles con provisión continua de agua de calidad.
En el norte se ha decretado escasez hídrica en cuencas del norte “debido a la explotación irracional de cursos superficiales y acuíferos para satisfacer la demanda minera”; en el sur cada año se decreta emergencia agrícola e hídrica en el verano, gracias a actividades silvoagropecuarias muy demandantes en agua y la tala sistemática de especies nativas.
En la Unión Europea una organización civil es que la que hizo campaña para rechazar la privatización de los servicios de agua potable y logró que su gestión quedará fuera de las privatizaciones de la comunidad.
Revisa este breve video: los conflictos de agua en Chile están vinculados a la contaminación, minería, industria forestal y piscicultura y el impacto de las centrales hidroeléctricas.
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