Un portal italiano titula así un certero artículo que dice que pese a las “reformas” seguirá imperando el mismo Código de Aguas de 1981. El movimiento social que lucha por recuperar el agua para la gente, lo confirma: “este proyecto en nada homologa nuestra situación a la de los países de la OCDE”. Al parecer, el agua seguirá siendo una mercancía concentrada en pocas manos.
“Chile, el país con el agua más privatizada del mundo” es el título de un artículo publicado hace cuatro días en Recommon.org, portal italiano. Breve, pero certero, reseña la cronología sobre la privatización del agua chilena desde la aprobación del Código de Aguas en 1981, su vigencia por 33 años y la sospecha bien fundada de que pese a los anuncios de reformas, seguirá imperando por quién sabe cuánto tiempo más.
ReCommun promueve el rescate de los recursos naturales en manos del mercado, la banca e instituciones financieras internacionales y propone nuevos mecanismos para la gestión de bienes públicos en la economía italiana y mundial. Sus áreas de trabajo son agua, tierra, alimentos y energía. Difunde conceptos como tales como que “el control de los instrumentos financieros es esencial para una democracia real”; “la soberanía a las comunidades locales en la gestión de los recursos”; o la necesidad de reconocer “la deuda social y ecológica del Norte hacia el Sur y su devolución”, aludiendo a la explotación de los recursos de países pobres por las grandes economías.
Son temas relevantes, pero acá la cobertura de los mismos es más bien modesta. Sobre el caso chileno señala que el regreso de Bachelet “había reavivado las esperanzas de aquellos que durante décadas trataron de sustraer el agua de una lógica de mercado y de especulación financiera”.
“Mientras que en el parlamento se estaba discutiendo la nueva ley de aguas, el Ejecutivo pidió en mayo pasado una suspensión de trabajo con el fin de presentar su propia propuesta de reforma. Sin embargo, el texto, presentado el 8 de octubre en la Comisión Parlamentaria de Recursos Hídricos, confirma el plan de 1981”.
SACARON ACUERDOS YA ALCANZADOS
Efectivamente, en mayo se pidió a dicha Comisión de la Cámara de Diputados suspender la tramitación de su iniciativa, en espera del proyecto de gobierno. Tras cinco meses, llegaron las indicaciones, pero no fueron las esperadas. Incluso hubo sorpresas entre los diputados por “la ausencia de algunos acuerdos que ya se habían alcanzado”.
Entre ellos, el “caudal ecológico”, el mínimo necesario para preservar la biodiversidad en las cuencas, y las llamadas “aguas mineras”, referidas a las aguas halladas en faenas mineras “que nosotros habíamos incorporado al proyecto y donde se establecía que esas aguas sean declaradas y posteriormente formalizadas ante el Estado”, señala el diputado chileno Luis Lemus.
LETRA MUERTA
El Movimiento Social por la Recuperación del Agua y la Vida pocos días después era bastante más claro: «parece vergonzoso que frente a una demanda elevada desde los territorios, el gobierno haya cedido a las presiones corporativas de gremios empresariales como la Sociedad Nacional de Agricultura, el Consejo Minero o la Confederación de la Producción y el Comercio».
A renglón seguido la entidad -agrupa a más de 80 organizaciones- detalla sus reparos:
-El gobierno no se pronuncia sobre la demanda de declarar el agua como bien nacional de uso público en la Constitución. El Código de Aguas de 1981 señala que es un bien de uso público, “pero su aplicación es letra muerte” y se insiste en lo mismo.
-Cambia el derecho perpetuo de aguas a un derecho limitado a 30 años, pero solo referidos a nuevos derechos de agua, o sea apenas el 20% de las aguas disponibles. No se tocan los derechos concedidos a perpetuidad y que representan el 80% del total.
-Restringe otorgamiento de derechos en Parques Nacionales y Reservas de Regiones Vírgenes, pero nada dice respecto de Reservas Nacionales, Santuarios de la Naturaleza, Monumentos Naturales, los sitios Ramsar donde se encuentran gran parte de los salares, o los lugares sagrados -y por lo tanto elementales- para las cosmovisiones indígenas.
-No fortalece la Dirección General de Aguas… “pretenden que los conflictos por el agua se sigan solucionando entre privados”.
-Frente a la crisis hídrica, no considera entregar derechos a pequeños agricultores ni comunidades indígenas; no prohíbe la entrega de derechos en acuíferos sobre otorgados… pero habilita el trasvasije de una cuenca a otra y el cambio de zonas de captación en zonas declaradas de prohibición, “cuestiones impresentables, que solo agravan la situación actual”.
PERPETUACIÓN DEL LUCRO
El movimiento reclama que “la situación en nuestros territorios es insostenible” y sustituir lo que ya se había discutido implica seguir esperando y “supone hipotecar nuestra calidad de vida, forzar nuestro desplazamiento y acabar con nuestras culturas y modos de subsistencia”.
Acusa al gobierno de “confundir y engañar a la opinión pública: este proyecto en nada homologa nuestra situación a la de los países de la OCDE, viste de avances cuestiones ya existentes… perpetúa el lucro con las aguas, mantiene los instrumentos privatizadores y elude establecer mecanismos eficientes para devolver el agua a la tierra, las comunidades y ecosistemas”.
Como bien dice el artículo italiano “en lo que respecta a dar prioridad al consumo humano, el agua sigue siendo una mercancía concentrada en pocas manos”. Aún así, la Sociedad Nacional de Agricultura ya alerta sobre el posible alcance de las indicaciones: «Este tipo de reformas sustantivas generan incertidumbre y temor, y van en contra de nuestra Constitución, que consagra que todo derecho de aprovechamiento de aguas es propiedad de su titular, el cual puede usar, gozar y disponer de él sin esas limitaciones».
Tweet
