Mientras en Chile y respondiendo a un compromiso de campaña, el gobierno de Bachelet saca de la agenda legislativa la ley que otorgaría derechos de propiedad intelectual a los creadores de nuevas variedades vegetales, en Francia y por decreto se prohibió la comercialización, uso y cultivo del maíz transgénico MON 810.
Ayer en Chile el gobierno de Michelle Bachelet anunció el retiro de la agenda legislativa de la llamada ‘Ley Monsanto’ de ‘Obtentores vegetales’, para cumplir con un compromiso de campaña y así tomarse un tiempo para hacer un análisis más detenido de todas las informaciones surgidas en torno a las modificaciones genéticas de las semillas y sus consecuencias para la salud.
La iniciativa legal Convenio UPOV91 fue ingresada a tramitación durante la anterior administración de la mandataria, en el año 2009, aunque sólo se aprobó la primera de las tres leyes que componían el proyecto durante el gobierno de Piñera, en 2011. Durante su campaña la entonces candidata señaló que “en 5 años el contexto ha cambiado… no podemos hacer oídos sordos a lo que la ciudadanía a través de organizaciones, campesinos y mundo académico están alertando sobre los riesgos que conlleva este proyecto de ley”.
El Convenio UPOV91 buscaba proteger los derechos de propiedad intelectual de quienes crean nuevas variedades vegetales. El reclamo del mundo indígena, campesinos y ONG que se opusieron a él -más allá de los riesgos sanitarios- dice relación con que esas modificaciones genéticas se hacen sobre la base de semillas que son parte de su patrimonio ancestral, luego son patentadas y una vez que se siembran contaminan todos los cultivos tradicionales. Además, el uso de organismos transgénicos permite a los nuevos dueños cobrar derechos por esos cultivos y los campesinos sólo pueden utilizarlos una temporada sin posibilidad de guardar semillas para otros años. Esta modalidad es la que ha llevado a la quiebra a campesinos en todo el mundo donde se han introducido, desde EE.UU. hasta la India. (Acá puedes ver el documental «El mundo según Monsanto», con la increíble «trayectoria» de la empresa).
Una tercera parte de la iniciativa legal, es la que permitía su cultivo para el consumo interno. En Chile hay cerca de 4 mil hectáreas de cultivos transgénicos (maíz, raps y soya), pero para exportación. Otra cosa, es que al país ingresen productos importados con ingredientes que pueden provenir de transgénicos y no existe una normativa que obligue a explicitarlo en el etiquetado.
Monsanto, por su parte, alegó que se trata de una estrategia mediática vincular a su empresa con la ley que se conoció mediáticamente con su nombre. Y que la discusión de fondo es “aumentar la capacidad de resguardo de todas las variedades de semillas autóctonas y recursos genéticos vegetales con que cuenta el país”.
El problema, es a nombre de quién iban a quedar esos recursos.
EN FRANCIA
Ante la inminencia de la temporada de siembra –que comienza la segunda quincena de marzo-, el gobierno francés prohibió el fin de semana la comercialización, utilización y cultivo del maíz MON 810, hasta la adopción de una decisión definitiva, según señala un decreto publicado en el diario oficial del país.
La prohibición de este cultivo es un proyecto de ley que está previsto para ser discutido el próximo 10 de abril en el parlamento francés. Sin embargo e invocando el “principio de precaución”, el ministerio del Agricultura galo consideró que era urgente hacer la prohibición vía decreto, dada la cercanía del período de siembras.
El texto señala que “Según datos científicos fiables y muy recientes investigaciones internacionales, el cultivo de semillas de maíz MON 810 (…) presentaría graves riesgos para el medio ambiente, así como un riesgo de propagación de organismos dañinos convertidos en resistentes”.
La variedad MON 810 es la única permitida para cultivo en la Unión Europea, aunque cada país puede decidir de manera unilateral su prohibición. El gobierno de Francois Hollande, como el anterior de Nicolás Sarkozy, promueve una modificación de las disposiciones de la comunidad, para obligar a quienes deseen sembrar transgénicos a solicitar primero un permiso al país afectado.
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